Inquietudes nacionales
¿ Que significa la entrega de bancos que están en manos del Estado al Banco Central, puede el Central disponer de esos bienes y de qué forma si requiere dinero líquido y no solo registros contables?
Es una decisión inédita. No hay antecedentes en la historia económica nacional. Altamente inconveniente y nociva para la economía, el Banco Central y el sistema monetario. No conozco un país en el cual el Central sea dueño de los bancos públicos (a lo mejor así es en Cuba). Por norma, en los países que han conseguido estabilizar la política fiscal, mantener a raya la inflación y maximizar el crecimiento, el Banco Central no financia el déficit fiscal y tiene una autonomía técnica y operativa saludable. Todo eso se rompió con la nueva constitución y el código monetario.
Haber recibido esas acciones, cuya valoración es difícil de entenderla, sin que exista posibilidad de negociarlas en el mercado de capitales, además del conflicto de intereses que traen consigo y que dan un mal ejemplo al sistema privado, demuestra la incapacidad de pago del gobierno y la utilización de los depósitos recibidos en unos activos cuyo valor y recuperación dejan mucho que desear. Estoy seguro que si se valoriza en términos reales, la transacción le ocasiona además un daño muy fuerte al ya deteriorado patrimonio del Central.
El gobierno debe reversarla para bien de su propio interés, pero sobretodo para el país. Sólo pensemos, bajo el argumento oficial de que con la operación no se utilizaron los fondos del sistema bancario privado (aunque aquello es discutible), pero si los de las instituciones públicas. En ese caso, ninguna de ellas (entidades públicas, IESS, etc) podría girar sobre sus saldos. En caso de hacerlo, les deberían entregar acciones o bonos del gobierno en lugar de dólares, porque si lo hacen se tomarían dineros del los depositantes de los banco privados.
Sólo piensen, bajo este argumento, cuya falacia es evidente y se la puede desenmascarar facilmente que, para precautelar los depósitos del sistema privado (compromiso de oficial), se divide el Central en dos bancos: el que tiene los dólares de los bancos ecuatorianos y el otro (segundo) con los depósitos públicos. Ahí queda claro lo que ocurre en estos momentos: el otro (segundo) es insolvente. No tiene caja y por lo tanto no hay forma de pagar a los depositantes oficiales.
Creo que es vital rescatar al Central. Devolverle sus responsabilidades primigenias y prohibirle su utilización como la caja del presupuesto nacional.
En los mercados internacionales, los comentarios no son nada agradables. Esta transacción sin la menor duda está influyendo en la conducta de los agentes económicos al determinar el “riesgo país”.
¿Puede el nuevo gobierno seguir la línea de endeudamiento o deberá reformular el Presupuesto?
El camino del endeudamiento público encuentra dificultades prácticas para mantener el ritmo. Los mercados dan señales de un apetito menor. China hace lo mismo. Siempre es posible conseguir un poco más y aquello ocurrió hace pocos días con las nuevas emisiones por 2 000 millones, pero bajo condiciones muy onerosas. Sin embargo, no creo posible cerrar la becha fiscal como está programada.
El costo y los plazos de pago de las obligaciones ya contraídas, son dogales muy pesados que hacen mella en los gastos del gobierno y posponen prioridades sociales. Esa ruta hizo mucho daño. Contaminó a toda la macroeconomía, con efectos evidentes en las empresas privadas y el empleo.
Hasta agosto el gobierno puede proponer cambio de presupuesto. Algunas líneas de austeridad ya los ha enunciado. Veamos cuales son los postulados que plantea para entender el camino que quiere transitar y la posibilidad de hacerlo. Lo que tenemos claro es que mantener la gestión actual sólo empeora las precarias condiciones en las que se desenvuelve el país.
¿De qué manera se puede ajustar el presupuesto de las mega-obras y la reducción del gasto de capital?
Eliminándolas de la programación pública. En especial todas aquellas que no se han iniciado. O suspendiendo los trabajos en otras que no son indispensables y puede dilatarse su puesta en marcha. Finalmente, transfiriendo la posible ejecución de aquellas en las cuales habría interés por parte inversionistas privados para construirlas y operarlas.
¿Qué otros factores de reducción de gasto fiscal se podría considerar?
Esa es la tarea de fondo. Redefinir el papel del Estado en la sociedad y en la economía y bajo esos principios rediseñar la actual organización pública. Imponer principios de austeridad, eficiencia y honorabilidad. Ahí, la labor abarca un amplio espectro del gasto corriente. Lo cierto es que el tamaño y estructura actual de los organismos públicos es incompatible con la capacidad de sostenimiento de la sociedad ecuatoriana.
¿Qué le parecen las primeras declaraciones sobre austeridad?
Son señales positivas. Miremos cuanto avanzan en su concreción para apreciar la consistencia de la decisión. Hasta aquí aparece como objetivo reducir el déficit fiscal en 2 710 millones bajo la eliminación de ciertas obras públicas. Nada se dice de la opulenta estructura del gasto corriente y la multiplicación inmisericorde de empresas y otras entidades públicas.
Hay que recordar, que la dimensión alcanzada por las entidades que representan al Estado sobrepasó de largo la capacidad de sostenimiento de la economía. La tarea de redimensionamiento rebasa esta primera aproximación del plan de austeridad.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Junio 10 del 2017