Inquietudes nacionales mayo 30
El Presidente, en su informe a la nación, destacó las cifras que en superación de la pobreza exhiben los entes estatales. Su opinión por favor.
No hay duda que los indicadores sociales demuestran mejoría. El Ecuador de hoy tiene una estructura socio-económica mucho más solvente de aquella vigente a inicios de siglo. Incluso se aprecia convalecencia de los indices de equidad. En eso ha caminado por la misma senda de toda América Latina cuyos indicadores sociales demuestran la existencia de una región menos inequitativa.
Sin embargo, los resultados alcanzados en el período actual si bien han permitido continuar el proceso de reducción de las brechas sociales, demuestran ineficiencia del gasto público ya que el tamaño de corrección de las inequidades es proporcionalmente inferior a lo conseguido en gestiones de política económica no sólo menos pródigas sino con significativas limitaciones de recursos públicos.
Mirando la historia del siglo en curso, no cabe duda de la reducción de la indigencia, conceptualizada como aquella que reune a personas que tienen ingreso igual o inferior a 1.50 dólares diarios, así como de la pobreza cuyo límite superior de ingreso se lo estima en 2.66 dólares per cápita por día. Se calcula que desde el año 2001 salieron de la indigencia 1.5 millones de personas, al reducirse el indice del 26.6% al 12% en el 2013, mientras de la pobreza lo hicieron 1.9 millones de nacionales, representado por la caída de su indice del 56.3% al 33.6% en el mismo período. (Ver Koyuntura de Instituto de Economía de USFQ. Investigador Profesor Grijalva)
En el tema de la desigualdad, medido por el conocido índice de Gini, se reduce del 0.56 en el año 2000 al 0.46 en el 2011, pero rebota en el año pasado al 0.48, perdiendose una parte del efecto favorable obtendo en la equidad. Como nota adicional y al margen, cabe citar que un proceso igual se aprecia en América Latina, trayendo a la palestra del debate un interrogante sobre la sostenibildad de lo alcanzado por los programas económicos, una vez que la región, y el país de manera particular, transitan por un nuevo ciclo de restricción económica.
Nace la duda sobre la homogeneidad de las políticas económicas de los países latinoamericanos. Acaso, se podrá distinguir aquellas cuyo sustento se encuentra en sólidas raíces que les permitan capear este tránsito sin daños sociales, mientras otras demuestren contener una mezcla que desgrana sus recientes merecimientos.
El Presidente piensa que lo peor ya ha pasado al referirse al impacto de la baja del petróleo. ¿Qué piensa de esa afirmación?
Sería motivante contar con esa realidad. Sin embargo, lo que se ve en los números globales de la macroeconomía es que las brechas fiscal y externa todavía no encuentran una solución integral, que además sea sostenible en el tiempo. Hay esfuerzos por reducirlas, pero la estructura económica sigue dando señales de su desbalance. Ahora es mucho más evidente la necesidad de llevar el tamaño del Estado a un nivel que permita superar su inviabilidad e incompatibilidad con las disponibilidades permanentes de recursos. Está claro también la restricción que existe para el país de mantener el ritmo de endeudamiento público incurrido en los últimos años.
Y en términos del déficit externo, el desbalance comercial, calculado con los precios actuales del petróleo y suponiendo que las exportaciones e importaciones privadas mantienen su dinámica histórica (Nota: las salvaguardias todavía no ofrecen resultados tangibles), exige un ingreso de capitales que sólo podría provenir de un intensivo plan de inversión extranjera, pues la vía de la contratación de deuda externa estaría limitada por la capacidad de pago de las cuentas fiscales. Y esa historia tiene un final triste con daños sociales conocidos que no deseamos volverlos a ver.
Las distorciones también se aprecian a través de varios indicadores: el gobierno tiene atrasos en sus pagos a proveedores, contratistas. La caja fiscal está casi exhausta y eso se ve en los saldos que tiene en el BCE. La brecha externa ya impacta en las disponibilidades internas de la economía: los depósitos ya no crecen y existe una natural restricción creditica. El consumo declina (pregunten a los comerciantes) y la inversión pública está restringida por la carencia fiscal. Obviamente, todo lo dicho deberá encontrar su natural nivel de equilibrio y aquello deberá reflejarse, de forma resumida, en el comportamiento del PIB, cuya dinámica tendrá un resultado magro, si no es negativo.
El Presidente sostiene que no hay un proyecto estatista. La Cámara de Industrias hizo un estudio donde muestra la incidencia del estado en la economía, como interpretar este contraste.
Hay varias formas de apreciar las características de la actual política económica. Una por el tamaño del Estado y el desplazamiento de las actividades privadas. El resultado es incontrovertible: hoy pesa el doble de lo que representaba hace 8 años y para llegar a esa dimensión, es obvio que la gestión pública a privilegiado su papel en la sociedad. Segundo, por la forma como concibe la regulación de las actividades privadas y el papel del Estado. Varios sectores están sometidos a una normativa cuyo acento recae en la determinación de los instrumentos de gestión por disposición estatal y no mediante el resultado de la existencia de la libertad provocada por un sistema de mercado competitivo. Hay varios ejemplos muy definidos: el sector financiero, la educación universitaria, los medios de comunicación, la industria farmaceutica. Tercero, el gobierno confunde regulación (necesaria y en muchos casos indispensable) con intervención o ingerencia directa y eso lleva precisamente a la visión estatista de la política actual.
En términos políticos la visión es compatible con la línea de impulsada en el campo económico y se refleja de manera inequívoca en concentración del poder.
Colaboración Editorial
DIARIO EL COMERCIO
Mayo 30 del 2015