Cuando cumplirán su deber

Que difícil es ser positivo en el Ecuador ante la avalancha de noticias, que con una perseverancia labrada en roca nos abruman con sus contenidos devastadores de los cimientos nacionales. A estas alturas de la vida nacional ya es casi un imposible encontrar una institución pública, e incluso privada que pueda alzar sus brazos exhibiendo una historia limpia y un proceder correcto. Incluso, nosotros mismos, con un afán de inmolación colectiva, cada vez que podemos le agregamos algún gramo de gravedad a los hechos que nos avergüenzan.

Pero el problema no sólo se concentra en la conducta deshonrosa sino en el incumplimiento sistemático de las obligaciones. “El cuero de elefante” que resiste todo embate y le resbalan las críticas rodea a instituciones y personas que, con alguna excusa pueril, soslayan sus responsabilidades. Y, la sociedad, con una actitud cada día mas degradada en sus principios, mantiene una posición pasiva y acomodaticia.

Todos los días se ven hechos cuestionables, se aceptan operaciones irreales, y sin embargo se las da por bien hechas. Me refiero, entre los tantos casos, a los registros municipales de valoración de propiedades, a los pagos de impuestos por compra y venta de bienes raíces, a los precios de las escrituras. Es una verdad conocida que estas transacciones no se las hace en sus valores reales porque los impuestos que están alrededor son absurdamente altos, y el precio que se paga es un registro legal con datos alterados, que son la simiente para otras operaciones deformantes de los proyectos o empresas que utilizan esos bienes para inversiones reproductivas, con lo cual la cadena, además de interminable es contaminante.

La solución está en manos del Congreso Nacional desde hace más de tres años. El proyecto de reforma al sistema tributario municipal, como lo dije hace algún tiempo, duerme el sueño de los injustos. Los legisladores no hacen el menor esfuerzo por corregir este foco de infección colectiva y, con ello combatir una fuente de corrupción que tiene como excusa, difícil de disuadir, la deformidad de la carga municipal.

La AGD, el Banco Central están llenos de inmuebles recibidos en dación por algunos de los bancos quebrados y ciertos deudores y, no los pueden vender porque nadie está dispuesto a registrar la operación en sus términos de mercado ya que debería pagar unos impuestos que no hacen posible ningún negocio futuro. El dilema es venderlos a precio de realización para compensar el efecto distorsionante, con el riesgo evidente de que se catalogue a la operación de inmoral, producto de un negociado. El IESS tiene el mismo problema, a pesar de lo cual el Congreso no se inmuta.

Los depositantes de los bancos bajo administración de la AGD imploran por una solución de sus acreencias. El BCE debe dejar de ser una inmobiliaria. El IESS tiene que racionalizar sus activos y lo que es más importante, el país necesita políticas que promuevan la inversión y el empleo. Pero, nadie hace caso y no asume sus responsabilidades. Ya es hora que la legislatura mire este tema con responsabilidad y ofrezca una opción de desarrollo motivando a la construcción con reglas racionales, simples y comprometidas con la transparencia y nitidez. Por lo menos háganlo, si no tienen conciencia de su responsabilidad moral, para solucionar el problema del propio Estado.

Colaboración Editorial

DIARIO EL COMERCIO

Septiembre 19 del 2003